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Channel: Comentarios en: ¿Hay peligro de berlusconización en la política española?
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Por: alcotarelo

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Los males que sufrimos son consecuencia del modelo político pactado en la transición y definido en la Constitución y la Ley Elecotoral.

Se optó por un sistema parlamentario en lugar de uno presidencialista. El modelo parlamantario que tenemos tiene sólo elecciones de una vuelta al senado (una cámara que nació inútil y prescindible, y ahora además se ha vuelto derrochadora) y al congreso, que elije al gobierno haciéndolo dependiente de los pactos para formación de mayorías. Todo ello en detrimento de un presidencialista, en el cual el gobierno se elije en una segunda vuelta y es independiente del paramento.

La justificación fue que de este modo se evitaba la hipotética posible coexistencia de un gobierno enfrentado a la mayoría del parlamento.

Pero la gran perversión del sistema fue el sistema electoral establecido en la propia Constitución, que establece un sistema de representación territorial por circunscripciones provinciales en lugar de una única circunscripción nacional que garantizara la igualdad de todos los votantes. Es decir, prevalece el derecho de los territorios sobre el de los ciudadanos. Y se crea la nefasta incongruencia de que los diputados, que en teoría deberían representar a todo el país, son elegidos y realmente representan a un territorio determinado.

Para mayor perversión antidemocrática, la Ley Electoral aplica dentro de cada circunscripción provicnial la Ley D’Hont como forma de reparto. Este sistema de reparto es injusto, ya que viola el principio de que todos los votos valgan lo mismo. Sin esto, no es posible la igualdad entre los ciudadanos. Pero además, aplicado provincia por provincia en lugar de en todo el país, se crea una gran bolsa de votos sin representación.

Es decir, la ley D’Hont es una aberración antidemocrática conceptualmente injusta e inadmisible. Pero al aplicarla en por circunscripciones aumenta exponencialmente sus efectos perversos e indeseables.

El sistema está pensado para favorecer a los grandes partidos nacionales y a los partidos minoritarios que obtienen sus votos concentrados en unas pocas provincias: los nacionalistas.

Tal aberración antidemocrática para favorecer y privilegiar a unos frente a otros se justificó en evitar un parlamento fragmentado a la italiana, donde los gobiernos duraban poco debido a la multitud de partidos necesarios para formar una coalición de gobierno. El razonamiento obviaba deliberadamente otras alternativas para evitarlo, como un sistema presidencialista en el que el gobierno tiene independencia respecto del parlamento.

Esta justificación obviaba también que en todo caso justificaría el empleo de la Ley D’Hont, pero en ningún caso su aberrante aplicación por provincias.

30 años después el resultado a la vista está. Un sistema en el cual la formación de gobiernos queda a merced de partidos nacionalistas de ámbito regional que representan únciamente a ciertos territorios y no a todo el país. Ciertamente las consecuencias eran fácilemente previsibles, aunque tal aberración antidemocrática se revistiera de una falsa legitimidad progresista y un complejo de todo lo español respecto a los nacionalismos regionales originado por la desafección con todo lo que pudiera tener que ver con la dictadura franquista.

Durante estos 30 años hemos asistido a cómo el sistema degeneraba gradualmente. Cómo cada vez que no había mayoría absoluta los sucesivos gobiernos de distinto signo político (González, Aznar y Zapatero) pactaban sucesivamente con los nacionalistas regionales para formar gobierno y mantenerse en él. Sacrificando el interés común en pro de privilegios para esos partidos y esos territorios. Combiertiendo el parlamento en un zoco de compra de votos, en donde vemos cotidianamente cómo los diputados no representan a toda la nación, sino a su región en el mejor de los casos, cuando no en beneficios tangibles para su partido político. Como se desarticulaba al estado de sus atribuciones, competencias y medios, no ya para garantizar una mínima igualdad entre los ciudadanos, sino para funcionar operativamente.

El sistema político creado en la transición estaba ya predestinado a fracasar. Pues como dice hoy Rosa Díez “no se puede pactar el modelo de estado con los que no creen en el estado”, y eso es lo que se hizo con la constitución española.

Con Zapatero todo se ha llevado a un extremo difícil de imaginar antes de su llegada al poder. Pero el problema es muy anterior. Con los gobiernos de Gonzalez y Aznar se cedieron cosas intolerables (impuestos, educación, sanidad…) sin que nadie nos preocuparamos por lo que se estaba perpetrando. Se ha roto la unidad fiscal, de modo que los ciudadanos pagan diferente cantidad de impuestos según en qué comunidad vivan (especialmente grave con el cupo vasco y navarro). Y ya con Zapatero se ha roto el principio de que el gasto público se distribuye con criterios de necesidad, al comprometerse inversiones públicas para Cataluña independientemente de sus necesidades frente a las del resto.

A todo ello hemos asistido impasibles. Y sólo cuando desde ciertos gobiernos autonómicos se están convocando o apoyando referendums independentistas y manifestaciones contra el cumplimiento de las sentencias del TC (Generalitat de Cataluña) o promulgando estatutos de autonomía secesionistas (Plan Ibarretxe) hemos notado cierta preocupación. Y tampoco un nivel de preocupación grande. Pues Zapatero sigue comprando votos en el congreso con el dinero de todos para subsistir políticamente, sin que ello provoque mayor escándalo. Tal vez porque el principal partido de la oposición aspira a recurrir a lo mismo el día de mañana cuando lo necesite.

Si complementamos el panorama político con un gobierno de incompetentes, creado con criterios de cumplimiento de tasas (paridad sexual, cupo territorial del PSC…) y no de méritos ni competencia (“cualquiera podría ser presidente del gobierno” y no digamos ministro)… el resultado a la vista está.


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